¿Se podrá terminar alguna vez con las usurpaciones?

Debe haber pocas situaciones tan angustiantes. Que a una persona le usurpen una propiedad (sea una casa, un terreno, un campo) constituye un hecho demoledor, porque derriba ilusiones, frena proyectos y arrebata la paz. Es una señal de alarma muy inquietante: quiere decir que algo funciona mal y que uno o varios engranajes del Estado están fallando. En pleno siglo XXI es inconcebible que mediante la prepotencia se ponga en duda algo tan básico como la propiedad que puede acreditar legalmente una persona o una institución sobre un bien. Pero ocurre. Y en Tucumán, hechos de este tipo constituyen noticias cada vez más frecuentes.

Nadie está exento de convertirse en víctima: si se intentara armar una especie de mapa tucumano de las usurpaciones se podría advertir que estos hechos ocurren en barrios construidos por el Estado, en vecindarios humildes, en villas turísticas, en establecimientos agropecuarios ubicados en zonas altamente productivas, en loteos en desarrollo, en espacios verdes (basta recorrer Lomas de Tafí, por ejemplo, para advertir cómo algunos habitantes avanzaron con tapias o cocheras sobre terrenos destinados a otro fin, como el esparcimiento de los vecinos), en la periferia de las ciudades o en medio del campo ¿Qué hay por detrás? Algunas veces, la necesidad de personas que no tienen nada o muy poco. Pero en la mayoría de los casos, intereses políticos, especulaciones económicas, un enorme sentido de la impunidad y un desprecio atroz por el otro.

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Un informe elaborado por Fiscalía de Estado revela que, en el caso de las tierras fiscales, la mayor parte de las usurpaciones ocurren en zonas turísticas: Tafí del Valle, San Javier y El Cadillal. Si bien vamos a volver a referirnos a estos lugares más adelante, es interesante detenerse un momento en Tafí. Lo que está sucediendo por estos días en la zona de El Lamedero (personas que dijeron actuar en nombre de la Comunidad Indígena usurparon el fin de semana un predio privado) es el reflejo del enorme desorden que se enseñorea por el valle. No es un problema nuevo -podría decirse que el desorden es un vicio de origen en el desarrollo urbano de esa localidad-, pero se está agravando en los últimos años, especialmente después de la pandemia. Desde 2020 se vienen denunciando usurpaciones en terrenos fiscales y privados. En el caso de los primeros, la Justicia falló a favor de la Provincia y los predios fueron desalojados. Distinta fue la suerte de una familia que está pleiteando por sus tierras, que fueron ocupadas por un grupo que se referencia como indígena en la zona de Los Cuartos. Obtuvo una resolución favorable en el Juzgado de Paz, pero luego en Documentos y Locaciones de Monteros el fallo benefició a los usurpadores. Apelaron, pero aún no obtuvieron respuesta. Parece que, para ellos, los tiempos de la Justicia corren con otro ritmo.

A este caso y al del Lamedero se suman otros. De hecho, en este momento en Tafi del Valle hay diversas tensiones entre personas que están desarrollando emprendimientos privados y grupos de individuos que, atrincherados en supuestas reivindicaciones ancestrales, los presionan para que no los realicen. Sin dudas, todos miran de reojo lo que ocurre en el sur del país con los grupos autodenominados mapuches, con la violencia que ejercen y con la indiferencia rayana en la complicidad que practica el Gobierno nacional. Hay un dato relevante: se prorrogó hasta 2025 de la ley 26.160 (sancionada en 2006), que declara la emergencia territorial indígena, interrumpe los desalojos y obliga al Estado a actuar como árbitro en los conflictos que se produzcan, cosa que aún no sucedió ¿Puede empeorar la situación en el norte? Es la inquietante pregunta que se hacen muchos.

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En las últimas semanas, el gobernador interino Osvaldo Jaldo se refirió al menos dos veces de manera pública al problema de las usurpaciones. En ambos casos lo hizo en tono de advertencia. Esto deja en evidencia que las máximas autoridades provinciales han recibido datos que las preocupan ¿Tendrán que ver con los rumores que se refieren a supuestos ofrecimientos de tierras -obviamente ajenas- que estarían realizando algunos punteros políticos? ¿Genera intranquilidad la posibilidad de que viviendas construidas por el Estado y que aún no fueron entregadas a sus propietarios terminen siendo ocupadas de manera ilegal? Sean cuales sean las respuestas, lo concreto es que cuando el río suena…

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Si bien se advierte preocupación en Casa de Gobierno, el fiscal de Estado, Federico Nazur, asegura que, tras el boom de usurpaciones ocurrido durante la cuarentena, la situación parece haberse calmado un poco. Al menos en lo que se refiere a las tierras fiscales. Una estrategia a la que recurrieron los funcionarios fue la de capacitar a delegados comunales para que actúen rápidamente si es que descubren algún hecho de este tipo en sus jurisdicciones: deben presentar en la Justicia un amparo a la simple tenencia antes de que se cumplan 10 días de la ocupación ilegal. Esto, argumentan, acelera el proceso que debería culminar con el desalojo de los usurpadores. De todos modos, el problema está lejos de resolverse, especialmente en las zonas turísticas. Nada más esclarecedor que las declaraciones que hizo en agosto del año pasado Alejandro Navarro, director de Catastro: “a los tucumanos les puedo decir una sola cosa: no compren terrenos en El Cadillal porque el 90% de esos inmuebles son fiscales”.

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En el campo nadie baja la guardia. Desde las últimas ocupaciones ilegales ocurridas a principios de año en Leales, parece reinar una calma tensa. Y las miradas van siempre hacia arriba. “Cuando desde el Gobierno nacional dejan trascender ideas o discursos que ponen en duda la propiedad privada, notamos que empiezan a producirse problemas”, revela un dirigente del agro tucumano que vive y trabaja en el noreste de la provincia.

Si bien no tienen que ver directamente con las usurpaciones, hay algunos datos alentadores: entre los dirigentes de las entidades rurales comentan que se viene notando una disminución leve -pero disminución al fin- en la cantidad de hechos delictivos, fundamentalmente en el robo de agroquímicos. “Se percibe un cambio desde la política. Hay una bajada de línea más fuerte por el tema de la seguridad. Igual, falta mucho”, avisa el mismo hombre de campo.

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En uno de sus cuentos más famosos y estudiados, Julio Cortázar relata la historia de dos hermanos que son expulsados de la casa que habitan por entidades indefinibles (una de las interpretaciones más extendidas es la que sostiene que el relato es una metáfora de la irrupción del peronismo en la vida política y social argentina). Más allá de las intenciones que haya tenido Cortázar al escribir Casa Tomada, si en Tucumán no se empiezan a aceitar los engranajes que refuerzan la certeza de que la propiedad privada es inviolable, la historia de aquellos dos hermanos tendrá su versión menos literaria pero mucho más cruda y atroz en Tafí del Valle o en cualquier otro rincón de la provincia.

¿Se podrá terminar alguna vez con las usurpaciones?

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